La próxima apertura del Hospital del Salvador en Chile vuelve a instalar en el debate público una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿por qué proyectos hospitalarios estratégicos siguen enfrentando retrasos significativos en su construcción y puesta en marcha, aun cuando algunos de ellos operan bajo contratos de concesión diseñados para mitigar estos riesgos?

El caso del Hospital del Salvador no es aislado.

En los últimos años, distintos proyectos hospitalarios han evidenciado rezagos relevantes en sus cronogramas, tanto bajo esquemas concesionados como de inversión pública tradicional. Los retrasos observados en hospitales de la Red Biobío, así como en el hospital concesionado de La Unión, reflejan un desafío de naturaleza sistémica, que trasciende a un contrato o territorio específico.

Estos atrasos no responden a una única causa. Por el contrario, suelen ser el resultado de una combinación de factores: cambios en los requerimientos clínicos, redefiniciones de alcance, brechas entre el diseño de la infraestructura y las necesidades operacionales reales, dificultades de coordinación entre actores públicos y privados, y marcos de control que tienden a activarse cuando los problemas ya están evidenciados.

Desde la experiencia acumulada en auditorías operacionales independientes de hospitales concesionados en explotación, resulta evidente que muchas de las tensiones que emergen en la etapa final del proyecto tienen su origen en fases previas.

Indicadores de desempeño mal calibrados, sistemas de información inmaduros y ambigüedades contractuales que suelen arrastrarse desde el diseño o que surgen durante la construcción, condicionando tanto la apertura como el desempeño futuro de los establecimientos.

En este contexto, la auditoría operacional no debiera concebirse únicamente como un mecanismo ex post de fiscalización.

Existe un espacio relevante —y aún subutilizado— para su aplicación en etapas tempranas del ciclo del proyecto, como la construcción, la puesta en marcha o las fases de renegociación y/o transferencia estatal plena. En esos momentos, una evaluación técnica, objetiva y externa puede cumplir un rol preventivo, identificando riesgos antes de que se traduzcan en retrasos prolongados, sobrecostos o conflictos contractuales de alto impacto público.

Los casos recientes debieran ser leídos no solo como episodios puntuales, sino como señales de alerta para la política pública. Avanzar hacia esquemas de control más estratégicos, transversales y preventivos, que acompañen los proyectos desde su gestación hasta su operación plena, es clave para evitar que los retrasos se transformen en una constante estructural del sistema hospitalario chileno.