La reciente crisis del Hospital de Antofagasta —con fallas estructurales, listas de espera irregulares y la salida del Director de Concesiones del MOP— ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión incómoda, pero necesaria: ¿está cumpliendo el modelo de concesiones hospitalarias con los objetivos para los que fue creado?

Desde nuestra experiencia como consultores en hospitales concesionados, reconocemos avances importantes del modelo: construcción de infraestructura sanitaria en regiones postergadas, equipamiento clínico de calidad y transferencia de riesgos al privado. Estos logros han permitido reducir brechas históricas en el acceso y calidad de la salud.

Sin embargo, la distancia entre infraestructura y gestión sigue siendo crítica. No basta con contar con edificios nuevos y equipamiento de última generación si los procesos operativos, los sistemas de control y los indicadores de calidad no están adecuadamente integrados con la operación del hospital. Lo ocurrido en Antofagasta —con pacientes eliminados de listas de espera sin justificación, incluso declarados fallecidos sin estarlo, además de fallas técnicas y episodios de emergencia— es un ejemplo extremo, pero revelador.

Uno de los desafíos más evidentes es la operación de servicios no clínicos. Protocolos de limpieza inadecuados, alta rotación del personal subcontratado y tensiones de gobernanza por múltiples centros de poder —dirección hospitalaria, concesionaria e inspección fiscal— generan fricciones y gestión reactiva.  A ello se suma la convivencia de equipamiento médico antiguo traspasado desde el hospital anterior y el equipamiento nuevo adquirido por la concesionaria (lo que genera zonas grises en las responsabilidades de mantenimiento y reposición del mismo), la resistencia al cambio del personal clínico, e incluso los ajustes contractuales que la pandemia obligó a llevar a cabo.

Si bien los bases generales de concesiones hospitalarias contemplan estándares exigentes y mecanismos de sanción, su cumplimiento efectivo enfrenta obstáculos técnicos, operativos y de coordinación institucional; y, si bien existen herramientas útiles como las auditorías de niveles de servicio incluidas dentro del contrato y llevadas a cabo por un tercero independiente, su aplicación ha sido discontinua y su alcance, limitado.

En nuestras auditorías técnicas y operacionales, hemos constatado la urgencia de aplicar sistemáticamente estos instrumentos. No se trata de reemplazar al Estado, sino de fortalecer su capacidad fiscalizadora a través de evaluaciones externas, independientes y especializadas que aporten evidencia, respalden a las Inspecciones Fiscales y fortalezcan la gobernanza del modelo.

El debate no debe centrarse en eliminar o defender las concesiones, sino en modernizar su implementación. Chile necesita hospitales modernos, pero sobre todo funcionales, bien gestionados y centrados en las personas. La experiencia reciente no debe usarse como excusa para abandonar el modelo, sino como una oportunidad para corregirlo, profesionalizarlo y auditarlo con el rigor que merece.

Camila Figueroa C.

Consultora PKF Chile